Carta del Fundador

Desde el lanzamiento del boletín, he tenido la oportunidad de viajar a Lima con mucha frecuencia y por lo tanto, ver cada vez más de cerca, las oportunidades y retos que el Perú enfrenta, con la objetividad que dan la distancia y los años viviendo fuera del país.

Afortunadamente, como lo he estado diciendo desde hace ya tres años, el Perú está progresando y a tal grado que, incluso ya se lo menciona en los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, lo que aún me impresiona, es que a veces leyendo el diario en Lima, me parece que no hubieran transcurrido 20 años, y que nos encontramos aún en 1987, época en la que, como ahora, gobernaba Alan García.

Durante el gobierno de Toledo, me era difícil entender por qué la prensa peruana resaltaba tanto los traspiés del entonces mandatario, enfocándose en el Whisky “Etiqueta azul” o en sus constantes viajes a Punta Sal. Los escándalos se suscitaban uno tras otro; sin embargo, en ese caos de gobernabilidad, el gobierno del ex-presidente Toledo fue capaz de rodearse de técnicos experimentados que, de una u otra manera, nos insertaron en el mundo globalizado. Nuestro país comenzó a crecer y nuestras exportaciones se triplicaron. El APRA por otro lado, no dio tregua alguna al Gobierno, oponiéndose a cualquier iniciativa, con un cálculo político que muchas veces, estuvo por encima del interés nacional.

El gobierno Aprista tiene ya seis meses en Palacio, y si bien es cierto, muchos de los que “tuvimos” que votar por Alan García en la segunda vuelta no nos hemos arrepentido, -y es muy probable que nunca lo hagamos, ya que la otra alternativa sí era nefasta- también es cierto, que hay ciertos elementos que sí nos preocupan y nos traen amargos recuerdos.

Entre las medidas que más me alarman en este primer semestre de Gobierno, está una que para muchos, probablemente, haya pasado desapercibida pero podría tener fuertes repercusiones: El Gobierno ha fijado un sueldo máximo para funcionarios públicos de aproximadamente US$ 4,500 mensuales. Este monto, para muchos puede ser bastante alto, considerando el sueldo promedio del país; sin embargo, no resultan sueldos competitivos, si se comparan con los que se ofrecen a ejecutivos de alto nivel en el sector privado. Entonces, ¿Cómo el Gobierno va a atraer a la mejor gente capacitada, si estas personas ganan el doble o hasta tres veces más en el sector privado de lo que les puede ofrecer el Estado?

No hay necesidad de ser adivinos para aventurarse a vaticinar lo que muy probablemente sucederá: El Gobierno sólo podrá atraer a profesionales sin la experiencia, especialidad, ni preparación necesaria que requieren muchos de los altos puestos técnicos de gobierno.

Creemos que más importante que un límite en salarios, es poder convocar a los mejores profesionales, con capacidad innovadora y la experiencia necesaria para hacer lo que se debe de hacer para el desarrollo del país y por el bienestar de todos los peruanos. Cuando se trata del progreso del país, no debemos ni podemos, escatimar esfuerzos.

El Perú merece progresar, y para lograrlo, un gobierno moderno necesita rodearse de profesionales altamente capacitados. Por más altruista que sea uno, si en el sector privado, estos profesionales están ganando dos o tres veces más, es muy difícil que sacrifiquen el bienestar de su propia familia, aceptando un puesto de trabajo en el que el sueldo sea la mitad o la tercera parte de lo que ganan actualmente; al menos, ¿Tú lo harías?

Un país genera más ahorro con profesionales capaces que tomen las decisiones correctas, que con mediocres que cometen error tras error. Al final, lo barato sale caro, eso lo sabemos bien

Javier Justo
Fundador
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